
El magistrado Amit Mehta se muestra escéptico ante las soluciones radicales propuestas y sugiere una aproximación más cautelosa que tenga en cuenta la rápida evolución tecnológica.
El juicio antimonopolio contra Google, centrado en su dominio del mercado de búsqueda en línea y la publicidad relacionada, entra en su fase final con un nuevo giro. El juez federal Amit Mehta, que preside el caso en Washington, ha sugerido que podrían adoptarse remedios menos agresivos que los propuestos inicialmente por el Departamento de Justicia (DOJ) y la coalición de estados implicados. Estos organismos proponían un régimen de intervención de 10 años para restablecer la competencia, pero Mehta ha cuestionado su adecuación en un sector tan volátil como el tecnológico.
Durante la audiencia final celebrada el pasado viernes, el juez Mehta expresó sus reservas acerca de aplicar un conjunto de medidas tan duradero en un ámbito donde «muchas cosas pueden cambiar en semanas», citando el reciente avance de la inteligencia artificial y la compra de startups por parte de empresas como OpenAI. En este contexto, planteó la posibilidad de aplicar soluciones más ajustadas, como compartir datos de búsqueda de forma limitada o eliminar pagos a empresas como Apple solo si las medidas iniciales no logran fomentar la competencia.
El DOJ y los estados demandantes habían exigido a Google que dejase de pagar sumas multimillonarias a Apple y otros fabricantes de dispositivos para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado. Asimismo, querían forzar a Google a abrir su valiosa base de datos de búsqueda a otros actores. Sin embargo, Mehta se mostró reticente a imponer estos cambios sin considerar primero si existen formas menos disruptivas de alcanzar los mismos objetivos.
Uno de los temas clave fue la irrupción de la inteligencia artificial en el panorama de búsqueda online. Mehta se preguntó si actores emergentes como OpenAI o Perplexity, que desarrollan herramientas de IA más allá de los motores de búsqueda tradicionales, deberían considerarse competidores legítimos de Google en este caso. «Me parece que ahora quieren incluir esta otra tecnología dentro de la definición de los mercados generales de búsqueda, y no estoy seguro de que encaje», advirtió el magistrado al abogado del DOJ.
Desde OpenAI, el jefe de producto de ChatGPT, Nick Turley, argumentó que su empresa está aún a años de poder responder eficazmente a la mayoría de las búsquedas online, pero que tener acceso a los datos de Google les permitiría mejorar sustancialmente. Turley también manifestó interés en adquirir el navegador Chrome si Google fuera obligado a deshacerse de él. No obstante, el juez dejó entrever que la inclusión de empresas de IA en el paquete de medidas correctoras podría no ser viable si no se definen claramente como competidores directos.
Por parte de Google, su abogado John Schmidtlein defendió que la compañía ya ha tomado medidas para fomentar la competencia al dejar de firmar acuerdos exclusivos con operadores y fabricantes de móviles, como Samsung. Estos cambios, dijo, permiten a los dispositivos nuevos incorporar motores de búsqueda e inteligencias artificiales alternativas. Además, Schmidtlein criticó la posibilidad de obligar a Google a compartir su tecnología con competidores de IA, afirmando que sería injusto dar a otras empresas acceso a sistemas perfeccionados durante dos décadas.
El caso, que comenzó en abril, ha tenido consecuencias visibles en el mercado, incluyendo un impacto en el precio de las acciones de Alphabet y una mayor atención a los planes de Apple en el desarrollo de buscadores basados en inteligencia artificial. El juez Mehta ha indicado que planea emitir un fallo definitivo antes del mes de agosto, lo que podría marcar un antes y un después en la regulación de los gigantes tecnológicos en Estados Unidos.
En un momento de aceleración de la inteligencia artificial y transformaciones en los hábitos de búsqueda, la resolución del caso podría sentar un precedente clave sobre cómo equilibrar innovación, competencia y regulación en la era digital.
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