La operación valorada en 110.000 millones de dólares afronta una de sus últimas grandes pruebas regulatorias antes de completarse. Las autoridades californianas analizan el impacto que la unión de dos gigantes del entretenimiento podría tener sobre el empleo, la producción audiovisual y la competencia en Hollywood.

La adquisición de Paramount por parte de Warner Bros Discovery se acerca a una fase decisiva. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha confirmado que su oficina decidirá próximamente si presenta una demanda para intentar bloquear una de las mayores operaciones corporativas de la historia reciente del sector audiovisual.

La transacción, valorada en unos 110.000 millones de dólares, continúa siendo examinada por diferentes organismos reguladores tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, California aparece como el actor con mayores posibilidades de emprender una acción judicial que pueda retrasar o incluso impedir el cierre de la operación.

Preocupación por el empleo y la producción audiovisual

Las autoridades californianas han recibido numerosas quejas procedentes de trabajadores de la industria cinematográfica, sindicatos y profesionales de Hollywood.

Uno de los principales temores es que la concentración de dos grandes estudios reduzca la competencia dentro del sector, provoque recortes de empleo y disminuya el volumen de producciones cinematográficas y televisivas.

Según Bonta, la protección del mercado laboral también forma parte de las funciones de las autoridades antimonopolio, especialmente cuando una operación puede afectar a la competencia entre empresas por atraer talento especializado.

Paramount defiende los beneficios de la operación

Desde Paramount rechazan las críticas y sostienen que la compañía resultante tendría más capacidad para competir en el mercado global del entretenimiento y el streaming.

La empresa argumenta que la fusión permitiría aumentar la inversión en contenidos y reforzar la producción audiovisual. Entre los compromisos anunciados figura el objetivo de estrenar unas 30 películas al año en salas de cine, una cifra que la dirección considera clave para impulsar posteriormente su negocio de streaming.

La compañía insiste en que la operación generará crecimiento y no reducirá la actividad productiva.

California apuesta por medidas más contundentes

El fiscal general también ha mostrado reservas respecto a las denominadas medidas correctivas de comportamiento, es decir, compromisos asumidos por las empresas para evitar prácticas anticompetitivas.

Bonta considera que este tipo de promesas podrían no ser suficientes y ha señalado que, en determinados casos, las autoridades deben valorar soluciones estructurales más profundas, incluyendo posibles desinversiones o segregaciones de activos.

Estas declaraciones han sido interpretadas como una señal de que California podría adoptar una postura especialmente exigente durante la fase final de revisión.

Posible alianza entre varios estados

Según diversas informaciones, varios estados estadounidenses estarían manteniendo conversaciones con California para coordinar una posible impugnación conjunta de la operación.

Aunque todavía no existe una posición común definida, la cooperación entre estados podría aumentar significativamente la presión regulatoria sobre la fusión.

California cuenta actualmente con una de las mayores divisiones antimonopolio de Estados Unidos y además reforzará su estructura con nuevos abogados y recursos presupuestarios durante los próximos meses.

Una decisión clave para el futuro del sector

La resolución que adopten las autoridades podría tener consecuencias importantes para toda la industria del entretenimiento.

Mientras los reguladores europeos y el Departamento de Justicia estadounidense avanzan en sus propios análisis, la postura de California podría convertirse en el principal obstáculo para una operación que pretende redefinir el mapa del cine, la televisión y las plataformas de streaming durante la próxima década.