Un grupo bipartito del Senado estadounidense ha solicitado que los organismos de control federales investiguen a Meta por los beneficios obtenidos a través de publicidad engañosa y potencialmente ilegal difundida en Facebook e Instagram.

Los senadores Josh Hawley y Richard Blumenthal enviaron una carta a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) reclamando la apertura de una investigación formal. La petición surge tras un informe de Reuters que reveló que Meta habría obtenido ingresos significativos gracias a anuncios vinculados a estafas, productos prohibidos y servicios fraudulentos.
Según documentos internos citados en ese informe, Meta esperaba que en 2024 cerca del 10 % de sus ingresos —unos 16.000 millones de dólares— procedieran de publicidad ilícita. Algunos archivos mencionaban que solo los anuncios considerados “de alto riesgo” generaban unos 3.500 millones de dólares cada seis meses. Además, los documentos apuntaban a que las reglas internas contra el fraude no se aplicaban de manera consistente y que numerosos anuncios violaban “el espíritu” de las normas de la compañía.

Meta respondió afirmando que los datos han sido malinterpretados y defendiendo su labor de moderación. La empresa asegura haber reducido un 58 % los reportes de estafas por parte de los usuarios en los últimos 18 meses, alegando que sus esfuerzos se han intensificado.

Críticas al papel de Meta como facilitador de estafas

Los senadores han mostrado un marcado escepticismo sobre el compromiso real de Meta para frenar este tipo de contenidos. En la carta, mencionan que una simple revisión de la Biblioteca de Anuncios —el repositorio público donde se pueden consultar campañas activas en Facebook e Instagram— revela una presencia constante de anuncios vinculados a juegos de azar ilegales, esquemas financieros fraudulentos, criptoestafas, servicios sexuales asistidos por IA y ofertas inexistentes de programas públicos.
Asimismo, citan cálculos que indican que Meta estaría involucrada en un tercio de todas las estafas denunciadas en Estados Unidos. Con base en los datos de la FTC, que estiman pérdidas de los consumidores de 158.300 millones de dólares en 2023, los senadores concluyen que las plataformas de Meta podrían haberse visto implicadas en más de 50.000 millones de dólares en perjuicios económicos.

La carta sostiene que Meta tomó la decisión de priorizar los ingresos publicitarios a pesar de sus consecuencias, especialmente tras los recortes de personal en áreas de seguridad y moderación. Los senadores denuncian que estas reducciones afectan incluso a mecanismos de supervisión requeridos por órdenes previas de la propia FTC.

Preocupación por los anuncios políticos falsos y los deepfakes

Hawley y Blumenthal también subrayan la gravedad de los anuncios que suplantan organismos gubernamentales o figuras políticas. Un ejemplo citado es el de una campaña fraudulenta que afirmaba que el expresidente Donald Trump ofrecía 1.000 dólares en ayudas a beneficiarios de programas de asistencia alimentaria.
Pese a las advertencias recibidas sobre el uso de deepfakes para manipular a los usuarios, los legisladores aseguran que Meta sigue permitiendo la circulación de vídeos y mensajes engañosos. Según la carta, parte de estas operaciones estarían vinculadas a redes de ciberdelincuencia con sede en China, Sri Lanka, Vietnam y Filipinas.

Meta ha rechazado las acusaciones, calificando las conclusiones como “exageradas y erróneas”, y ha insistido en que lucha activamente contra el fraude y las estafas. Sin embargo, la presión política aumenta y la petición de una investigación formal se suma al creciente debate sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la protección de los usuarios.