El gobierno australiano abandona su propuesta legislativa que buscaba multar a plataformas digitales. La medida enfrentó fuertes críticas por considerarse un ataque a la libertad de expresión.

El gobierno australiano ha decidido retirar su controvertido proyecto de ley contra la desinformación, el cual habría permitido imponer multas de hasta el 5% de los ingresos globales de las plataformas en línea que no lograran controlar la difusión de información errónea. Esta iniciativa, promovida por el gobierno laborista, buscaba regular las acciones de las grandes tecnológicas en la lucha contra la desinformación y la información dañina.

Según la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, el proyecto habría marcado un precedente en términos de transparencia al exigir a las plataformas digitales rendir cuentas de sus sistemas y procesos para prevenir la propagación de contenido perjudicial. Sin embargo, en una declaración oficial, Rowland admitió que la falta de apoyo en el Senado hacía inviable la aprobación de la ley en su forma actual.

El proyecto de ley no estuvo exento de polémica. Al ser presentada su versión revisada en septiembre, Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter), calificó la medida de “fascista” en una publicación breve pero contundente. Por su parte, el ministro de Comunicaciones en la Sombra, David Coleman, manifestó su rechazo abierto, argumentando que la legislación amenazaba la libertad de expresión y podría llevar a las plataformas digitales a censurar excesivamente el contenido para evitar sanciones.

Coleman calificó la propuesta como “un ataque impactante a la libertad de expresión que traicionaba nuestra democracia” y celebró su retirada, pidiendo además al gobierno que abandonara cualquier futura versión de esta legislación.

A pesar del fracaso de esta iniciativa, la ministra Rowland aseguró que el gobierno seguirá trabajando en medidas para proteger a los ciudadanos australianos en el entorno digital. Entre estas propuestas se encuentran la regulación de contenidos de inteligencia artificial, legislación para combatir las falsificaciones profundas y la promoción de “veracidad en la publicidad política” durante los periodos electorales.

Por otro lado, el primer ministro Anthony Albanese está impulsando un plan para prohibir el uso de redes sociales por menores de 16 años como parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la seguridad digital en el país.

La retirada de este proyecto subraya el desafío de equilibrar la lucha contra la desinformación con la protección de la libertad de expresión en un mundo cada vez más digitalizado. Aunque el debate está lejos de concluir, el gobierno australiano busca alternativas legislativas que permitan avanzar en este complejo terreno sin comprometer los principios democráticos.