
La administración estadounidense prevé fijar en las próximas semanas los objetivos de mezcla de biocombustibles para 2026, manteniéndolos cerca de lo propuesto inicialmente. El plan abandona las sanciones a las importaciones y busca equilibrar los intereses de la industria agrícola y petrolera.
Un cierre regulatorio esperado por el sector
El gobierno del presidente Donald Trump planea finalizar a principios de marzo las cuotas obligatorias de mezcla de biocombustibles para 2026. Según fuentes conocedoras del proceso, la decisión mantendría los volúmenes cerca de la propuesta inicial presentada el pasado verano y descartaría un plan para penalizar las importaciones de combustibles renovables y materias primas.
De confirmarse, el enfoque supondría un punto intermedio entre los intereses de los productores agrícolas y de biocombustibles, que presionaban para elevar las mezclas, y las refinerías estadounidenses, que habían advertido de posibles distorsiones de mercado y aumentos de precios.
El papel de la Agencia de Protección Ambiental
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), responsable de supervisar la política de biocombustibles, ha comunicado a los actores del sector su intención de remitir la norma final a la oficina presupuestaria de la Casa Blanca a finales de este mes. Tras ese trámite, el texto podría quedar cerrado aproximadamente 30 días después, una vez concluidas las consultas con la industria.
En junio, la EPA propuso unos volúmenes totales de mezcla de 24.020 millones de galones para 2026 y 24.460 millones para 2027, frente a los 22.330 millones de 2025. Dentro de ese paquete, destacaba un fuerte incremento del diésel de base biológica, con un objetivo inicial de 5.610 millones de galones en 2026, frente a los 3.350 millones del año anterior.
Ajustes en el diésel renovable
Según las fuentes consultadas por Reuters, la EPA estaría valorando ahora un rango algo inferior, entre 5.200 y 5.600 millones de galones de diésel de base biológica para 2026. Este posible ajuste se relaciona con la decisión de abandonar una propuesta que habría reducido el valor de los créditos federales otorgados a los biocombustibles importados.
Dicha política, presentada en su momento como una medida de “Estados Unidos primero”, había sido celebrada por sectores como la industria de la soja y el biodiésel, pero recibió una fuerte oposición de las grandes petroleras.
Presión de la industria petrolera
Las principales compañías del sector, encabezadas por el American Petroleum Institute, alertaron de que limitar los créditos a los suministros extranjeros podría restringir la oferta y encarecer los combustibles. Un escenario que la Casa Blanca busca evitar, especialmente en un contexto en el que el coste de la energía y la inflación siguen siendo asuntos políticamente sensibles de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Reacción de los mercados agrícolas
La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados. Los futuros de la soja de referencia en el Chicago Board of Trade subieron un 1,3 %, mientras que el aceite de soja, una materia prima clave para la producción de biocombustibles, avanzó alrededor de un 3,5 % hasta alcanzar máximos de cuatro meses.
Analistas del sector interpretan el movimiento como una señal de que la administración no está relegando la energía renovable frente a los combustibles fósiles, pese a las prioridades declaradas en materia de petróleo y gas.
Exenciones para pequeñas refinerías
Además de fijar los volúmenes finales, la EPA debe decidir si exigirá a las grandes refinerías compensar los galones exentos concedidos a pequeñas refinerías bajo su programa de exenciones. Esta cuestión podría tener un efecto relevante sobre las cuotas totales de mezcla.
En agosto, la agencia resolvió más de 170 solicitudes de exención acumuladas desde 2016 y, desde entonces, ha seguido otorgando nuevas dispensas. Mientras la industria de los biocombustibles y sus aliados legislativos reclaman que se compense el 100 % de los volúmenes exentos, el sector petrolero se opone a esa obligación.
Un equilibrio delicado
Con la decisión prevista para las próximas semanas, la administración estadounidense trata de cerrar uno de los debates energéticos más sensibles del país. El resultado final marcará el rumbo del mercado de biocombustibles en los próximos años y reflejará hasta qué punto el gobierno es capaz de equilibrar los objetivos climáticos, la seguridad energética y la estabilidad de precios para los consumidores.
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