Bruselas considera que las medidas propuestas por Google no cumplen la normativa europea. La compañía aún puede introducir cambios para evitar una sanción que podría alcanzar el 10 % de su facturación global.

Google podría enfrentarse el próximo año a una multa significativa por parte de los reguladores de competencia de la Unión Europea. Según fuentes conocedoras del caso, la Comisión Europea considera que el gigante tecnológico no ha hecho lo suficiente para cumplir las normas que prohíben favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda.

El expediente, presentado en marzo, acusa al buscador de priorizar productos como Google Shopping, Google Hotels y Google Flights frente a competidores especializados. Esta práctica vulneraría la recién estrenada Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), el marco legal que regula a las grandes plataformas digitales consideradas “guardianes de acceso”.

La posibilidad de una sanción podría agravar las tensiones entre Bruselas y Washington, donde la Administración estadounidense ha criticado en repetidas ocasiones que la legislación europea afecta de forma desproporcionada a las compañías tecnológicas de Estados Unidos.

Motores verticales y servicios turísticos, los principales afectados

El caso enfrenta a Google con los denominados motores de búsqueda verticales, plataformas especializadas que ofrecen resultados de sectores concretos, desde comercio electrónico hasta ocio o transporte. También se han sumado a las quejas hoteles, aerolíneas, restaurantes y operadores de movilidad, que compiten por visibilidad en el buscador y denuncian desventajas estructurales frente a los servicios propios del gigante.

Google ha presentado varias propuestas de ajuste desde marzo, la última en octubre. Sin embargo, los reguladores consideran que estas modificaciones aún no garantizan un trato equitativo y no cumplen los requisitos esenciales de la DMA.

El núcleo del problema reside en cómo se muestran los resultados: la Comisión sostiene que Google continúa destacando sus propios servicios en posiciones de mayor relevancia, limitando la capacidad de los competidores para atraer tráfico y, en consecuencia, para competir en igualdad de condiciones.

El margen de negociación sigue abierto

A pesar del avance del procedimiento, la compañía todavía tiene margen para introducir nuevas medidas que satisfagan a los reguladores europeos y evitar así una sanción. El marco legal permite multas de hasta el 10 % de los ingresos globales anuales de una empresa, una cifra altamente significativa para un grupo del tamaño de Alphabet.

Google ha defendido en reiteradas ocasiones su posición, argumentando que algunos de los cambios solicitados beneficiarían únicamente a un pequeño grupo de intermediarios y perjudicarían a empresas europeas que dependen del buscador para vender directamente a sus clientes. La Comisión, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente mientras continúa evaluando la situación.

Este proceso es independiente de otra investigación en curso sobre la tienda de aplicaciones Google Play, donde la empresa también se arriesga a una multa el próximo año por posibles infracciones de la normativa digital.