El Departamento de Justicia de Estados Unidos y un grupo de fiscales generales estatales han iniciado un importante juicio antimonopolio en Washington contra Google, alegando que la compañía abusó de su posición dominante en el mercado de motores de búsqueda para mantener su monopolio. A continuación, se explican los puntos clave del caso.

Estados Unidos y fiscales generales estatales argumentan que Google violó las leyes antimonopolio al pagar grandes sumas de dinero a Apple y otros socios comerciales para asegurar que su motor de búsqueda fuera el predeterminado en la mayoría de los teléfonos y navegadores web. Según la demanda presentada en 2020, Google buscó hacer que estos acuerdos fueran exclusivos, lo que impidió a los competidores acceder a consultas de búsqueda y clics, permitiendo que Google mantuviera su dominio en el mercado.

Google ha alcanzado una cuota de mercado del 90% en las búsquedas en Estados Unidos en los últimos años, según estimaciones del gobierno. El gobierno alega que los acuerdos sobre navegadores, que redirigen miles de millones de consultas web a Google a diario, han resultado en menos opciones para los consumidores y menos innovación.

Google sostiene que sus acuerdos son competencia legítima y no exclusión ilícita, ya que no impiden que los competidores desarrollen sus propios motores de búsqueda ni que empresas como Apple los promocionen. Afirma que los fabricantes de dispositivos eligen la búsqueda de Google como predeterminada para ofrecer una experiencia de alta calidad a los usuarios.

La ley generalmente no prohíbe que las empresas lleguen a acuerdos exclusivos con clientes, pero puede ser ilegal si una empresa es tan grande que impide que sus competidores entren al mercado y no puede demostrar que esto beneficia a los consumidores.

El Departamento de Justicia debe demostrar que los acuerdos de Google perjudicaron la competencia en las búsquedas, mientras que Google tendrá la oportunidad de argumentar que sus acuerdos son beneficiosos para los consumidores.

El gobierno y los fiscales estatales no buscan sanciones monetarias, sino una orden judicial que prohíba a Google continuar con prácticas anticompetitivas. Esto podría tener consecuencias comerciales significativas para Google y podría afectar su capacidad para realizar acuerdos exclusivos en mercados emergentes.

El caso se considera uno de los mayores desafíos al poder de la industria tecnológica desde el juicio a Microsoft en 1998. El juicio se espera que dure aproximadamente 10 semanas, y no se espera una decisión del juez hasta 2024.

El juez de distrito Amit Mehta, nombrado por el presidente Barack Obama en 2014, presidirá el caso. Mehta ha supervisado varias disputas antimonopolio importantes en el pasado, incluida la bloqueada fusión de Sysco Corp con US Foods en 2015 y el juicio reciente del exasesor de Trump, Peter Navarro.

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