Un grupo significativo de fiscales generales ha unido fuerzas para presentar una demanda en contra de Meta, argumentando que la compañía explota vulnerabilidades psicológicas de los jóvenes usuarios con fines de lucro. La acción legal pone en evidencia la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los niños.

En una acción legal sin precedentes, los fiscales generales de 42 estados de Estados Unidos presentaron una demanda colectiva en el tribunal federal de California contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. La demanda acusa a Meta de diseñar de manera deliberada sus plataformas para atraer y retener a los jóvenes usuarios, a menudo a expensas de su bienestar psicológico.

La coalición, que incluye estados como California, Colorado, Nueva York, Arizona e Illinois, alega que Meta ha violado múltiples leyes estatales y federales. En particular, la demanda subraya cómo la empresa ha maximizado el tiempo y la atención de los niños en sus plataformas, minimizando al mismo tiempo los riesgos inherentes a su salud mental.

«Durante la última década, Meta… ha alterado profundamente las realidades psicológicas y sociales de una generación de jóvenes estadounidenses», cita la demanda. Asimismo, se argumenta que Meta ha ignorado investigaciones internas y externas que demuestran el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los niños, incluidos problemas de sueño, atención y exclusión social.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, señaló en una conferencia de prensa que Meta no solo ha ignorado estos riesgos, sino que también ha mentido sobre ellos a padres y usuarios. La demanda apunta también a la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA, por sus siglas en inglés), afirmando que Meta ha recopilado datos de menores de 13 años sin el consentimiento parental requerido.

Esta demanda conjunta es notablemente coordinada y llega en un momento en que el Congreso de EE. UU. ha sido en gran medida ineficaz para regular las redes sociales. Paul Barrett, investigador sénior del Centro Stern para los Negocios y los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York, considera que los fiscales generales estatales están llenando un «vacío regulatorio».

La acción legal podría conducir a un acuerdo que obligue a Meta a implementar cambios significativos en sus políticas y prácticas relacionadas con los usuarios jóvenes. Esta demanda, por lo tanto, no solo podría tener implicaciones para Meta, sino que podría sentar un precedente para toda la industria de redes sociales.

«Una de las pocas cosas en las que los republicanos y los demócratas pueden estar de acuerdo en estos días es que les gustaría proteger a los niños del lado oscuro de las redes sociales», concluyó Barrett.