La controvertida estrategia de Meta de cobrar a los usuarios por privacidad desencadena una ola de quejas en Europa. Grupos de derechos del consumidor acusan a la compañía de coaccionar a los usuarios para aceptar el procesamiento de sus datos personales.

En un giro controversial que ha capturado la atención de Europa, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, se enfrenta a nuevas acusaciones en la Unión Europea debido a su política de «consentimiento o pago». Esta política permite a los usuarios elegir entre pagar una suscripción para evitar anuncios o aceptar ser rastreados y perfilados para fines publicitarios. La tarifa impuesta es de 9,99 € al mes para usuarios de la web y 12,99 € al mes para usuarios móviles, una práctica que ha sido criticada por coaccionar a los usuarios a renunciar a su privacidad.

Ocho grupos de derechos del consumidor de toda la UE, coordinados por la organización europea de consumidores BEUC, han presentado quejas ante las autoridades nacionales de protección de datos. Argumentan que el modelo de «consentimiento o pago» de Meta no cumple con los estándares de consentimiento libre, específico, informado e inequívoco exigidos por la ley, sugiriendo que Meta busca coaccionar a los consumidores para aceptar el procesamiento de sus datos personales.

Las quejas también destacan que Meta no proporciona suficiente transparencia sobre cómo se procesan los datos de los usuarios, ni demuestra la necesidad de la tarifa impuesta a quienes no dan su consentimiento. Esto, según los grupos, invalida cualquier elección significativa sobre el procesamiento de datos, violando así los principios de protección de datos de la UE.

Los grupos de consumidores, provenientes de la República Checa, Dinamarca, Grecia, Francia, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia y España, sostienen que Meta carece de una base legal válida para el procesamiento de datos con fines publicitarios según el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. Acusan a la compañía de violar múltiples principios del GDPR, incluyendo la limitación de finalidad, la minimización de datos, y la transparencia, con posibles sanciones de hasta el 4% de la facturación anual global de Meta.

Ursula Pachl, subdirectora general de BEUC, ha criticado duramente a Meta por intentar justificar su «vigilancia comercial masiva» y ha llamado a las autoridades de protección de datos a detener el procesamiento injusto de datos por parte de Meta. Un análisis legal realizado por BEUC y la firma de abogados AWO concluye que el procesamiento de datos personales de los consumidores por parte de Meta viola el GDPR de múltiples maneras, incluyendo la falta de una base válida y el procesamiento inadecuado de anuncios.

Estas quejas no son las primeras contra las tácticas de consentimiento de Meta, que ya enfrenta otras acusaciones de GDPR. Además, el cumplimiento de Meta con las recientes regulaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE también está en juego, lo que podría llevar a medidas correctivas más rápidas y firmes contra la compañía.

Este desarrollo subraya la creciente tensión entre las grandes tecnológicas y las regulaciones de protección de datos y privacidad en Europa, poniendo en el foco la necesidad de un equilibrio entre la monetización de datos y el respeto por los derechos de privacidad de los usuarios.