La Unión Europea ha sancionado a Apple con una multa histórica de 1.800 millones de euros, acusando a la empresa de prácticas anticompetitivas en su gestión de la App Store.

La medida llega después de una denuncia por parte de Spotify, alegando que Apple favorece sus propios servicios en detrimento de la competencia. La disputa legal entre Apple y Spotify ha alcanzado un nuevo clímax. La Comisión Europea ha impuesto a la gigante tecnológica una multa de 1.800 millones de euros, la más alta registrada hasta la fecha en el sector, por abuso de posición dominante en el mercado de las aplicaciones móviles. La decisión es un hito en la regulación de las grandes tecnologías, marcando un antes y un después en cómo se gestiona la competencia en los ecosistemas digitales.

El conflicto comenzó cuando Spotify presentó una queja formal en 2019, argumentando que Apple utilizaba su control sobre la App Store para suprimir la competencia. Específicamente, se criticó la «tasa Apple», una comisión del 30% sobre las suscripciones realizadas dentro de las aplicaciones, lo que, según Spotify, les obligaba a aumentar el precio de su servicio premium, colocándolos en desventaja frente a Apple Music.

Tras una exhaustiva investigación, la Comisión Europea concluyó que Apple había infringido las leyes antimonopolio de la UE. La entidad reguladora argumentó que Apple había creado barreras artificiales que impedían a los competidores operar efectivamente en el mercado. Esta sanción no solo resalta las tensiones crecientes entre reguladores y grandes tecnológicas, sino que también podría servir de precedente para futuras disputas legales en la industria.

La respuesta de Apple no se hizo esperar, anunciando su intención de apelar la decisión. La empresa de Cupertino defiende su modelo de negocio, alegando que la App Store es una plataforma que proporciona seguridad y confianza tanto para los usuarios como para los desarrolladores, y que la comisión cobrada es similar a la de otras plataformas.

Este caso pone de manifiesto la creciente presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas, en un momento en que la Unión Europea está intensificando sus esfuerzos para garantizar la competencia leal y proteger los intereses de los consumidores en el mercado digital. Con esta decisión, Europa envía un mensaje claro: las prácticas comerciales deben ser justas para todos los participantes, sin importar su tamaño o poder en el mercado.