La Audiencia Nacional ha ordenado el cese temporal de las operaciones de Telegram en España, afectando a millones de usuarios. La medida, adoptada por el juez Santiago Pedraz, responde a acusaciones de albergar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.

En una decisión histórica que ha sacudido el panorama digital español, la Audiencia Nacional, a través del juez Santiago Pedraz, ha impuesto un bloqueo cautelar a Telegram, la popular aplicación de mensajería. Esta medida responde a una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3, Movistar, y Egeda, quienes acusan a la plataforma de ser un caldo de cultivo para la distribución de contenido protegido por derechos de autor sin las licencias correspondientes.

Telegram, conocida por su enfoque en la seguridad y la privacidad, se ha convertido en una herramienta indispensable para cerca de 8,5 millones de usuarios en España, lo que representa aproximadamente el 18% de la población del país. Sin embargo, su moderación laxa ha sido objeto de críticas, especialmente por albergar canales de contenido extremista y material protegido por derechos de autor.

La orden de bloqueo llega después de que Telegram ignorara los requerimientos previos del magistrado, poniendo en riesgo su disponibilidad en España. Aunque la plataforma seguía activa al cierre de esta edición, se espera que las operadoras españolas cumplan con la decisión judicial en un plazo no mayor a dos días, lo que marcaría un antes y un después en la regulación digital en Europa.

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, quien ha enfrentado desafíos similares en el pasado, especialmente en su natal Rusia, aún no ha respondido a esta nueva crisis. La decisión no solo afecta a los usuarios comunes sino también a empresas, organizaciones e instituciones que utilizan la plataforma para comunicarse y difundir información de manera legítima.

FACUA-Consumidores en Acción ha criticado la medida, calificándola de “absolutamente desproporcionada” y advirtiendo sobre los “enormes perjuicios” que podría causar tanto a usuarios como a entidades que dependen de Telegram para sus operaciones diarias.

Esta situación sin precedentes en Europa plantea un debate más amplio sobre la regulación de las plataformas digitales y el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la libertad de expresión en la era digital.