El choque entre el magnate de la tecnología y la justicia brasileña se intensifica con la apertura de una investigación por negarse a cumplir con una orden judicial.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha iniciado una investigación contra Elon Musk, dueño de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), tras su decisión de reactivar cuentas bloqueadas por orden judicial, marcando un nuevo capítulo en la disputa por la libertad de expresión y la regulación de las redes sociales en el país.

El conflicto surgió cuando el juez Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo de ciertas cuentas en X, acusadas de difundir desinformación y mensajes de odio. Musk, quien se autodenomina un absolutista de la libertad de expresión, rechazó la orden, alegando que las restricciones eran inconstitucionales y pidiendo la renuncia del juez. La situación se agravó cuando Musk anunció que X levantaría todas las restricciones impuestas y acusó a Moraes de traicionar la constitución brasileña.

En respuesta, Moraes incluyó a Musk en una investigación sobre la difusión de noticias falsas en las redes sociales y abrió un nuevo frente investigativo por obstrucción de la justicia. La decisión judicial estipula que X debe acatar la orden de bloquear las cuentas especificadas, so pena de una multa diaria de 100.000 reales brasileños (aproximadamente 19.740 dólares) en caso de incumplimiento.

El enfrentamiento ha generado un amplio debate en Brasil sobre el control de las redes sociales, la libertad de expresión y la influencia de los magnates tecnológicos en el discurso público. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a través del procurador general Jorge Messias, ha expresado su apoyo a Moraes y ha abogado por una mayor regulación de las plataformas de redes sociales para asegurar su cumplimiento con las leyes brasileñas.

Este incidente no es aislado en la carrera de Moraes por regular el espacio digital en Brasil. Anteriormente, había ordenado investigaciones sobre ejecutivos de Telegram y Google por campañas contra un proyecto de ley que busca imponer a las empresas de internet la responsabilidad de identificar y reportar contenido ilegal, reforzando la postura del gobierno brasileño sobre la necesidad de regular las redes sociales para proteger el estado de derecho.

La disputa entre Musk y las autoridades brasileñas subraya la creciente tensión global en torno a la gestión de las redes sociales, el balance entre libertad de expresión y responsabilidad social, y el papel de los gobiernos en la regulación de estas plataformas. Con secuelas potencialmente significativas para el futuro de X en Brasil, este caso representa un desafío crítico para la visión de Musk sobre la gobernanza de las redes sociales y para el esfuerzo global por combatir la desinformación y el discurso de odio en línea.