La tecnológica retiró ICEBlock y apps similares de su App Store. El Departamento de Justicia argumentó que ponían en riesgo a agentes federales.

Apple confirmó el jueves la eliminación de ICEBlock, la aplicación de rastreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más popular en Estados Unidos, junto con varias herramientas similares, tras recibir presiones directas de la administración del presidente Donald Trump.

La compañía explicó en un comunicado que la medida se tomó «basándonos en la información recibida de las autoridades sobre los riesgos de seguridad asociados a ICEBlock». La app permitía a los usuarios recibir alertas en tiempo real sobre la presencia de agentes del ICE en zonas específicas, algo que, según el Departamento de Justicia, incrementaba el riesgo de agresión contra los oficiales.

Contexto político y operativo

El ICE se ha convertido en uno de los pilares centrales de la agenda migratoria de Trump, con frecuentes redadas y detenciones de migrantes indocumentados en distintos estados del país. Según informes, la agencia también ha perseguido a residentes legales y titulares de visas que defendían públicamente la causa palestina, lo que ha desatado acusaciones de discriminación y violación de derechos fundamentales.

Fox Business reveló en primicia que el Departamento de Justicia solicitó la retirada de ICEBlock. La Fiscal General, Pam Bondi, declaró que la aplicación estaba diseñada «para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo», calificando la situación como «una línea roja intolerable».

Reacciones y controversias

La eliminación de la aplicación generó un intenso debate sobre la libertad de expresión y el debido proceso. Defensores de los derechos humanos denunciaron que la decisión refuerza la campaña de deportaciones masivas de Trump y debilita las herramientas de autodefensa digital de las comunidades migrantes.

Por otro lado, el creador de ICEBlock, Joshua Aaron, con sede en Texas, fue advertido por la Fiscal General y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que «no está protegido» por la Constitución y que podrían iniciarse acciones legales en su contra.

La medida también coloca a Apple bajo el foco de un escrutinio renovado por sus relaciones con la administración Trump, en un contexto donde las grandes tecnológicas intentan mantener lazos estrechos con el gobierno para evitar mayores regulaciones y garantizar su presencia en el mercado estadounidense.

Un caso que marca precedentes

El episodio pone en evidencia la tensión entre el poder del Estado en materia de seguridad nacional y los derechos digitales de los ciudadanos. Mientras el gobierno celebra la eliminación de la aplicación como un triunfo para la protección de sus agentes, organizaciones de derechos civiles lo ven como un paso atrás en la defensa de la privacidad y la libertad de información.

La situación podría tener repercusiones futuras en el control de las aplicaciones móviles en EE.UU. y en la forma en que las empresas tecnológicas responden a las presiones políticas de Washington.