La Comisión Europea exige a las grandes plataformas detalles sobre sus sistemas de verificación de edad y el control de acceso a contenidos nocivos. El proceso forma parte de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, que busca reforzar la protección de los menores en el entorno online.

La Comisión Europea ha iniciado una revisión formal de las medidas de protección infantil implementadas por plataformas como Snapchat, YouTube, Apple App Store y Google Play, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). El organismo ha solicitado a las compañías información detallada sobre cómo verifican la edad de los usuarios y de qué manera evitan que los menores accedan a contenidos ilegales o perjudiciales, como drogas, vapes o material que promueve trastornos alimentarios.

“Junto con las autoridades nacionales de los Estados miembros, estamos evaluando si las medidas tomadas hasta ahora por las plataformas realmente están protegiendo a los niños”, explicó Henna Virkkunen, comisaria europea responsable de tecnología y economía digital.

Bajo la lupa de la DSA

La investigación se enmarca en la Ley de Servicios Digitales, una normativa pionera de la Unión Europea que impone a las plataformas en línea la obligación de prevenir y reducir la exposición a contenido ilegal y dañino, además de garantizar la transparencia en sus algoritmos y prácticas publicitarias.

Las grandes plataformas digitales, clasificadas como “Very Large Online Platforms” (VLOP), están sujetas a un escrutinio más estricto. Esto incluye a Google, Apple, Meta, TikTok y Snapchat, que deben presentar auditorías independientes y demostrar que sus sistemas de moderación son efectivos.

La Comisión ha puesto el foco en la protección de los menores, un área que Bruselas considera prioritaria tras los recientes casos de exposición a contenido dañino, ciberacoso y captación en línea. El objetivo es determinar si las medidas actuales son suficientes o meramente simbólicas.

Las respuestas de las tecnológicas

En una primera reacción, Google —propietaria de YouTube y de la tienda de aplicaciones Google Play— aseguró que ya ha implementado “controles robustos para padres” y mecanismos de verificación de edad en sus productos. “Seguimos ampliando estos esfuerzos y continuaremos colaborando con la Comisión en esta área crítica”, declaró un portavoz de la empresa.

Por su parte, Apple ha subrayado en ocasiones anteriores que su App Store ofrece revisiones manuales de las aplicaciones antes de su publicación, además de herramientas de control parental avanzadas a través de Family Sharingy Screen Time. Snapchat, que enfrenta críticas por su popularidad entre adolescentes y su difícil supervisión, no ha emitido todavía un comunicado oficial.

Las compañías disponen de un plazo de varias semanas para responder al requerimiento de información de Bruselas. En función de las conclusiones, la Comisión podría abrir investigaciones formales y, en caso de detectar incumplimientos, imponer sanciones de hasta el 6 % del volumen global de negocio.

Europa endurece el control digital sobre los gigantes tecnológicos

El análisis se suma a una serie de acciones regulatorias recientes en el marco de la DSA y la Ley de Mercados Digitales (DMA). La Comisión ya ha abierto procedimientos contra Meta por la gestión de la publicidad dirigida a menores y contra TikTok por su sistema de recomendación algorítmica.

Con esta nueva revisión, Bruselas pretende avanzar hacia un estándar europeo de protección digital infantil, que no dependa únicamente de la autorregulación de las empresas tecnológicas.

“Las plataformas deben garantizar que sus entornos digitales no pongan en riesgo el bienestar ni la salud mental de los más jóvenes”, insistió Virkkunen. “Esto no es solo una cuestión legal, sino de responsabilidad social”.

Un reto pendiente: verificar la edad sin vulnerar la privacidad

Uno de los principales desafíos técnicos es cómo implementar verificación de edad fiable sin invadir la privacidad de los usuarios. Los métodos actuales, basados en autodeclaraciones o en inteligencia artificial, presentan limitaciones y han generado críticas por la posible recopilación indebida de datos personales.

La Comisión estudia mecanismos alternativos que permitan una identificación anónima y segura, compatible con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Mientras tanto, Bruselas mantiene la presión sobre las grandes tecnológicas para que la protección infantil deje de ser un eslogan y se convierta en una práctica verificable y efectiva.