La Audiencia Nacional ha decidido archivar de nuevo la investigación sobre el uso del software espía Pegasus contra altos cargos del Estado español, al no haber recibido colaboración por parte de las autoridades israelíes.

La causa ya había sido cerrada anteriormente por motivos similares y reabierta tras nuevas diligencias internacionales. El caso Pegasus se ha convertido en uno de los episodios más sensibles de los últimos años en materia de ciberseguridad, espionaje y relaciones diplomáticas.

Una investigación bloqueada por la falta de cooperación internacional

El Tribunal Superior de España ha vuelto a cerrar la investigación sobre el presunto espionaje mediante el software Pegasus, desarrollado por NSO Group, al concluir que no es posible avanzar sin información clave procedente de Israel.

El juez instructor, José Luis Calama, señaló que la ausencia de respuesta a las comisiones rogatorias enviadas a Israel impide identificar a posibles responsables del espionaje, lo que deja la causa sin un sospechoso concreto al que imputar los hechos.

La investigación se centraba en el uso del software para espiar a responsables políticos españoles, un asunto que salió a la luz en 2022 y que provocó una grave crisis institucional y política.

El escándalo Pegasus y sus consecuencias políticas en España

El caso se abrió después de que el Gobierno reconociera que varios miembros del Ejecutivo, incluido el presidente Pedro Sánchez, habían sido espiados mediante Pegasus. Entre los objetivos figuraban también distintos ministros, aunque nunca se aclaró oficialmente si detrás del espionaje hubo actores nacionales o extranjeros.

La revelación tuvo un fuerte impacto político y derivó en la dimisión de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, en un contexto de gran presión parlamentaria y mediática sobre los mecanismos de control de los servicios de inteligencia.

La investigación ya había sido archivada en 2023 por los mismos motivos y reabierta en 2024 tras recibir información procedente de Francia, donde se investigó el uso de Pegasus contra periodistas, abogados y responsables públicos en 2021.

La posición de NSO Group e Israel

NSO Group ha negado reiteradamente cualquier actuación irregular. La compañía sostiene que Pegasus se vende exclusivamente a gobiernos, previa autorización del Estado de Israel, y que su finalidad es la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

La empresa también afirma que no tiene control sobre el uso final que hacen los clientes gubernamentales del software. Por su parte, Israel ha señalado en ocasiones que su papel se limita a conceder licencias de exportación, sin intervenir en las operaciones ni en los objetivos de vigilancia.

Ni el Gobierno israelí ni NSO Group respondieron a las solicitudes de información relacionadas con el cierre más reciente de la causa, lo que ha llevado a la justicia española a dar por agotadas, de momento, las vías de investigación disponibles.