El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas para reforzar la seguridad digital y frenar los abusos de las grandes plataformas, incluyendo la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años y un mayor control legal sobre los directivos de estas compañías.

El anuncio se realizó durante su intervención en el World Governments Summit, donde Sánchez afirmó que las redes sociales “se han convertido en un Estado fallido” en el que se ignoran las leyes y se toleran conductas ilegales.

Prohibición de acceso a menores y verificación de edad obligatoria

España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, obligando a las compañías tecnológicas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida forma parte del proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

El presidente subrayó que esta iniciativa se alinea con las políticas que ya están explorando o aplicando otros países europeos, como Portugal o Francia, ante la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental, el acoso en línea y la exposición de los menores a contenidos nocivos.

Responsabilidad penal y control de los algoritmos

Además de la restricción por edad, el Gobierno plantea una reforma legal para poner fin a la impunidad de los directivos de las plataformas digitales. Según lo anunciado, los responsables de estas compañías podrían responder legalmente por las infracciones cometidas en sus servicios si no retiran contenidos que vulneren la legalidad o incurran en delitos de odio.

Sánchez también adelantó que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenido ilegal. El objetivo, según explicó, es frenar prácticas que favorecen la difusión de mensajes dañinos y reforzar la rendición de cuentas de las grandes tecnológicas en el entorno digital.

Contexto internacional de las redes sociales para menores

La propuesta española se enmarca en una tendencia creciente entre los gobiernos occidentales para limitar el acceso de los menores a las redes sociales y reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales.

Australia fue el primer país en dar un paso decisivo en esta dirección al aprobar, a finales de 2025, una prohibición nacional que impide el uso de redes sociales a menores de 16 años. La legislación australiana obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y contempla sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la normativa. Aunque su aplicación práctica ha generado debate, el Gobierno australiano defendió la medida como una respuesta necesaria ante el aumento de problemas de salud mental y acoso digital entre adolescentes.

En el Reino Unido, el Ejecutivo liderado por Keir Starmer está evaluando una prohibición similar inspirada en el modelo australiano. Las autoridades británicas analizan establecer un umbral de edad de 16 años y restringir funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento infinito, además de reforzar los controles de verificación de edad. El Gobierno ha señalado que no descarta ninguna opción y que su prioridad es proteger a los menores sin trasladar el problema a entornos digitales menos visibles.

Francia, por su parte, ya ha avanzado de forma concreta. La Asamblea Nacional aprobó recientemente un proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años, pendiente ahora de su tramitación definitiva en el Senado. El presidente Emmanuel Macron ha defendido la medida como una “emergencia sanitaria”, subrayando el impacto negativo de estas plataformas en el sueño, la atención y la socialización de los adolescentes. La legislación francesa obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad conformes con la normativa europea.

Este escenario refuerza la idea de una convergencia regulatoria en Europa y otros países desarrollados, donde la protección de los menores y el control de las grandes plataformas digitales se están consolidando como prioridades políticas de primer orden.