La nueva normativa regula la privacidad, la supervisión humana y el acceso de menores a la tecnología. También establece sanciones penales para usos ilegales como los deepfakes y prevé inversiones en innovación.

El Parlamento italiano ha aprobado una ley pionera de inteligencia artificial, convirtiendo al país en el primero de la Unión Europea en adoptar un marco integral alineado con la futura Ley de IA de la UE. Impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, la normativa sitúa al ser humano en el centro del desarrollo tecnológico y establece principios de transparencia, seguridad y respeto a la privacidad.

El texto introduce regulaciones transversales que abarcan sectores como la salud, el trabajo, la educación, la justicia, la administración pública y el deporte. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentra la exigencia de trazabilidad en los sistemas de IA y la supervisión obligatoria por parte de personas en las decisiones críticas. Asimismo, restringe el acceso a la IA para los menores de 14 años, que solo podrán usarla con el consentimiento expreso de sus padres.

En materia de ciberseguridad y derechos fundamentales, la ley contempla sanciones penales de entre uno y cinco años de prisión para quienes difundan de manera ilegal contenido generado por IA, incluidos los deepfakes que provoquen daños. Además, agrava las penas en casos de robo de identidad, fraude u otros delitos cometidos con asistencia de estas tecnologías. En el ámbito de la propiedad intelectual, las obras creadas con ayuda de IA gozarán de protección si implican un esfuerzo intelectual humano, mientras que la minería de textos y datos solo estará autorizada para contenidos sin copyright o para investigación científica regulada.

La normativa designa a la Agencia para la Italia Digital y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad como autoridades responsables del desarrollo de la IA, manteniendo al mismo tiempo las competencias de organismos reguladores como el Banco de Italia y la Consob. En paralelo, el gobierno ha anunciado un fondo de capital riesgo respaldado por el Estado de hasta 1.000 millones de euros para fomentar la inversión en pequeñas y medianas empresas y compañías dedicadas a IA, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y telecomunicaciones.

Pese al carácter histórico de la ley, algunos críticos señalan que los recursos financieros previstos resultan modestos frente a las iniciativas internacionales, especialmente las de Estados Unidos y China. No obstante, el marco legal italiano constituye un paso decisivo hacia un modelo de innovación responsable.

En el ámbito sanitario, la ley confirma que la IA podrá apoyar en diagnósticos y tratamientos, aunque la decisión final seguirá correspondiendo a los médicos y los pacientes mantendrán el derecho a ser plenamente informados. En el entorno laboral, se exige que los empleadores notifiquen de manera explícita a sus trabajadores cuando se implementen herramientas de IA, reforzando así la transparencia en el uso de estas tecnologías.

Con esta legislación, Italia se adelanta a sus socios europeos en la regulación de la inteligencia artificial, marcando un precedente en la definición de límites, derechos y oportunidades en un sector en plena expansión.