
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, ha obtenido acceso completo al sistema de pagos del Tesoro de EE.UU., lo que ha generado preocupación por posibles conflictos de intereses y vulnerabilidades de ciberseguridad.
El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón y miembro destacado del Comité de Finanzas del Senado, ha denunciado que el equipo de Elon Musk, conocido como DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), obtuvo acceso completo al sistema de pagos del Tesoro de EE.UU. Este sistema, utilizado para distribuir billones de dólares anuales en beneficios como la Seguridad Social, Medicare, reembolsos de impuestos y pagos a contratistas federales, es considerado altamente sensible.
Según Wyden, el acceso fue autorizado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, el pasado viernes. Esta decisión se produjo después de que un alto funcionario del Tesoro abandonara su cargo debido a las presiones del equipo de Musk para obtener acceso al sistema. Wyden advirtió en una publicación en Bluesky que este nivel de acceso representa un «riesgo de seguridad nacional», especialmente dado el alcance de las operaciones comerciales de Musk en China.
Preocupaciones por ciberseguridad y conflictos de intereses.
El sistema de pagos del Tesoro, gestionado por la Oficina del Servicio Fiscal, controla desembolsos de aproximadamente 6 billones de dólares anuales. Históricamente, el acceso a este sistema ha estado restringido a un pequeño grupo de empleados debido a la sensibilidad de la información que maneja, incluyendo datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses.
En una carta dirigida a Bessent, Wyden expresó su preocupación por las implicaciones de seguridad nacional que conlleva otorgar acceso a Musk y su equipo. «Beneficios de la Seguridad Social y Medicare, subvenciones y pagos a contratistas gubernamentales, incluidos aquellos que compiten directamente con las propias empresas de Musk. Todo eso», escribió el senador. Además, destacó que las extensas operaciones comerciales de Musk en China podrían comprometer la ciberseguridad de EE.UU. y crear conflictos de intereses.
Contexto político y antecedentes de ciberseguridad.
Este no es el primer intento de Musk y sus asociados de influir en las operaciones del gobierno federal. Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero, Musk ha estado involucrado en esfuerzos para reducir el gasto gubernamental. Sin embargo, su creciente influencia en sistemas críticos ha generado alarmas entre legisladores y expertos en seguridad.
El año pasado, la administración Biden atribuyó a China una serie de ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas de EE.UU., incluyendo una violación de los sistemas del Tesoro a finales de 2023. Wyden, quien también forma parte del Comité de Inteligencia del Senado, subrayó que es «inusual otorgar acceso a sistemas sensibles a un individuo con intereses comerciales tan significativos en China».
Ampliación del control de DOGE en el gobierno federal.
Además del Tesoro, otros departamentos federales están bajo el escrutinio de DOGE. Reuters informó que los representantes de Musk han bloqueado el acceso de funcionarios públicos a sistemas informáticos clave, incluyendo aquellos que contienen datos personales y archivos de recursos humanos de millones de empleados federales.
Uno de los sistemas afectados es el de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), que fue hackeada en 2015 en un ataque atribuido a China. Este incidente resultó en el robo de registros de más de 22 millones de empleados federales, incluyendo personal con autorizaciones de seguridad. La posibilidad de que DOGE tenga acceso a sistemas similares ha aumentado las preocupaciones sobre la protección de datos y la integridad de la información gubernamental.
Wyden ha instado a una revisión inmediata de las decisiones que permiten a DOGE acceder a sistemas críticos del gobierno federal. En su carta, advirtió que «cualquier intromisión políticamente motivada en estos sistemas corre el riesgo de causar graves daños a nuestro país y a la economía». La situación subraya la necesidad de equilibrar la eficiencia gubernamental con la protección de la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos.
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