La ley que regula la situación laboral de los repartidores de las empresas de comida a domicilio ya es una realidad. Tras 2 meses desde que el Gobierno y los agentes sociales acordasen esta medida que consideraba a los repartidores de Glovo como falsos autónomos, el Consejo de Ministros la ha aprobado como proyecto de ley.

Sin embargo las principales reacciones a esta nueva normativa no han llegado del ámbito parlamentario, sino de las propias plataformas y otras empresas del sector, las asociaciones que representan a los riders y los sindicatos, mostrando una amplia división de opiniones entre sus distintas posturas. Primero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se anticipó a posibles críticas diciendo que «los trabajadores no deben temer los cambios tecnológicos y las empresas no deben temer a los derechos laborales». Pero los 2 principales elementos de la ley de riders; la presunción de laboralidad de los repartidores y la aplicación del derecho de información a los empleados, han generado críticas a la medida, al igual que el plazo de 3 meses que se concede a las empresas para adaptarse a la nueva normativa. En las plataformas digitales la división de opiniones es total entre las que no recurren a trabajadores autónomos, como Just Eat, y las que han defendido la inviabilidad de su negocio si se les obligaba a contratar a sus repartidores, como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, que podrían tener que asumir un coste de hasta 120 millones de euros anuales en cotizaciones sociales si sus riders adquiriesen la condición de asalariados.

Estas 4 empresas, agrupadas en la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), han enviado este martes un comunicado a los medios en el que critican la medida y las condiciones en las que ha sido aprobada. «Lamentamos la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores», aseguran. «Mientras España se reivindica como nación start-up, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de revelar sus algoritmos a una empresa tecnológica», critican desde la APS, destacando que la ley de riders se ha aprobado mientras la Unión Europea sigue elaborando su normativa sobre el empleo en plataformas digitales, por lo que acusan al Gobierno de añadir incertidumbre al desarrollo de la economía digital en España.

De hecho, las críticas desde estas empresas a la patronal no son una novedad y ya provocaron que Glovo abandonase a finales de abril la CEOE, alegando «reiterada omisión de representación». Mientras, Just Eat ha mostrado una opinión totalmente opuesta a la de sus principales rivales tras anunciarse la aprobación de la ley. «Desde Just Eat Takeaway.com celebramos la nueva regulación, ya que genera la seguridad jurídica necesaria para operar con 2 principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas».

Entre los trabajadores de reparto y las distintas asociaciones y colectivos que les representan, la división de opiniones es todavía más palpable. En el caso de los sindicatos CCOO y UGT, que participaron en su elaboración, hay críticas a la insuficiencia de la ley aprobada, señalando que solo se regula a los riders de empresas digitales de comida a domicilio y no a los de todas las plataformas de otros sectores de la nueva economía digital. Así, desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha asegurado que la aprobación de la norma es una gran noticia, pero ha criticado que la ley se queda corta. «El acuerdo es muy importante. No es lo que nosotros queríamos, pero nos parece que abrimos una puerta importante», ha asegurado este martes. Por su parte, Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, ha destacado que el acuerdo de los agentes sociales con el Gobierno ha dado lugar a una ley positiva, por reforzar la laboralidad de los repartidores, sus derechos laborales y la transparencia en el uso de algoritmos, aunque ha puntualizado que la norma se queda corta. «Este texto no es suficientemente ambicioso», ha destacado, en referencia a la regulación de otras plataformas.

Desde Riders X Derechos, Núria Soto ha señalado que la nueva ley es un paso insuficiente. «España se ha tomado como ejemplo de muchos países por la cantidad de sentencias a nuestro favor que ponen en evidencia que no hay ningún tipo de inseguridad jurídica; teniendo al Supremo de base, se le dejaba al Gobierno una oportunidad para ir más allá de los riders, que tenía sentido si entendemos que esto no es un problema sectorial, sino de modelo económico», ha afirmado.

Fuente: Business Insider