Washington DC, Texas, el estado de Washington e Indiana anunciaron el lunes la última demanda contra Big Tech, alegando que Google engañó a los usuarios al recopilar sus datos de ubicación incluso cuando creían que ese tipo de seguimiento estaba desactivado. “Google hizo creer falsamente a los consumidores que cambiar la configuración de su cuenta y dispositivo les permitiría proteger su privacidad y controlar a qué datos personales podía acceder la empresa”, dijo el fiscal general de DC, Karl Racine. “La verdad es que, contrariamente a las representaciones de Google, continúa vigilando sistemáticamente a los clientes y beneficiándose de los datos de los clientes”.

Racine describió las prácticas de privacidad de Google como «tergiversaciones audaces» que socavan la privacidad del consumidor. Su oficina comenzó a investigar cómo Google maneja los datos de ubicación de los usuarios después de que un informe de Associated Press en 2018 descubrió que muchas aplicaciones de Google en iOS y Android registraron datos de ubicación incluso cuando los usuarios eligieron opciones de privacidad que dicen explícitamente que no lo harán. 

La AP se coordinó con investigadores de informática en Princeton para verificar sus hallazgos. “La página de soporte de Google sobre el tema dice: ‘Puedes desactivar el historial de ubicaciones en cualquier momento. Con el historial de ubicaciones desactivado, los lugares a los que vas ya no se almacenan’”, informó AP. “Eso no es cierto. Incluso con el historial de ubicaciones en pausa, algunas aplicaciones de Google almacenan automáticamente datos de ubicación con marca de tiempo sin preguntar”.

La demanda argumenta que Google creó un sistema de seguimiento de ubicación que es imposible que los usuarios opten por no participar y que los engañó sobre cómo la configuración de privacidad podría proteger sus datos dentro de las aplicaciones y a nivel de dispositivo en Android. También acusa a Google de confiar en un diseño engañoso de patrones oscuros para obligar a los usuarios a tomar decisiones contrarias a sus propios intereses.

Esas prácticas pueden haber entrado en conflicto con las leyes estatales que protegen a los consumidores. En Washington, DC, la Ley de Procedimientos de Protección al Consumidor (CPPA, por sus siglas en inglés) prohíbe “una amplia variedad de prácticas comerciales engañosas e inescrupulosas ” y es aplicada por el fiscal general.

La oficina de Racine está buscando una medida cautelar contra Google y también busca obligar a la compañía a pagar las ganancias que obtuvo de los datos de los usuarios recopilados al engañar a los consumidores sobre su privacidad.

Fuente: TechCrunch